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Miércoles 12 de Marzo, 2025
 
 
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Requerimiento

Requieren investigar a Capitanich por presuntas irregularidades en tierras fiscales

Jorge Capitanich y Marta Soneira, dos de los exfuncionarios investigados.

El Fiscal General Carlos Martín Amad presentó un requerimiento de instrucción judicial en el marco de una denuncia que involucra a Ana María Canata, presidenta del Instituto de Colonización del Chaco, y a varios exfuncionarios y empresarios, por presuntas irregularidades en la adjudicación de tierras fiscales.

La denuncia apunta a altos funcionarios de gestiones anteriores, entre ellos Marta Soneira, exministra y expresidenta del Instituto de Colonización, y el exgobernador Jorge Milton Capitanich. También están bajo la lupa empresarios como Mauricio Cian, Federico Storti, Leandro Bessone y Nelson Pochón, quienes habrían sido beneficiados con adjudicaciones irregulares.

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Según la acusación, los investigados habrían utilizado resoluciones y decretos irregulares para adjudicar tierras fiscales a empresas vinculadas a funcionarios y sus allegados. Se describe un esquema de corrupción que incluiría desvío de fondos públicos y enriquecimiento ilícito.

El mecanismo denunciado consistiría en:

  • Informes de inspección fraguados para justificar adjudicaciones.
  • Otorgamiento simultáneo de tierras con textos idénticos, lo que evidenciaría un plan premeditado.
  • Beneficio a empresas relacionadas con funcionarios y sus familiares.
  • Traspasos irregulares de tierras sin respetar la prohibición de venta por 10 años.

El fiscal Amad presentó documentos oficiales sobre las adjudicaciones sospechosas, registros de empresas con vínculos entre los imputados y declaraciones juradas y movimientos financieros que no coincidirían con los ingresos declarados.

Ante estas pruebas, la Fiscalía solicitó una investigación exhaustiva sobre los acusados, incluyendo:

  • Análisis de transacciones financieras y declaraciones de bienes.
  • Verificación de registros de propiedades adjudicadas.
  • Determinación de responsabilidades penales en el presunto esquema fraudulento.

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