Sesiones Extraordinarias: el Ejecutivo quiere asegurarse la reforma electoral
Alimentado por aliados provinciales, Casa Rosada cuenta 95 votos asegurados para la modificación de las PASO.
El Gobierno cuenta con 20 días para lograr la aprobación de un anhelo que sostiene desde julio del año pasado en el Congreso: la reforma electoral. Inicialmente, el proyecto no incluía la iniciativa de Ficha Limpia, pero sí contemplaba la eliminación de las PASO, cuyo tratamiento en plenario de comisiones de Diputados está previsto para el próximo martes a las 14 horas. Si se alcanza el dictamen, el proyecto será sometido a votación en sesión 48 horas después.
Salvo La Libertad Avanza y sus aliados directos, como el MID y el PRO, no existen posturas unánimes dentro de los distintos bloques. El oficialismo ya reconoció que la eliminación de las primarias no será viable, aunque continúa negociando para lograr su suspensión en este calendario electoral. Esto representaría una nueva modificación en las elecciones de 2025, junto a la implementación de la modalidad de Boleta Única de Papel. Sin embargo, incluso con la posible aprobación en la Cámara de Diputados, los números en el Senado son más ajustados.
Con el respaldo de aliados provinciales, Casa Rosada cuenta con 95 votos asegurados para modificar las PASO. A ellos se sumaría la totalidad del bloque de la Coalición Cívica, una amplia mayoría de la UCR y parte de Encuentro Federal. Aún en el mejor escenario, estas adhesiones no alcanzarían los 129 votos necesarios para la mayoría. Por este motivo, el oficialismo pone su mirada en Unión por la Patria, donde podrían surgir apoyos desde Catamarca y Santiago del Estero.
La definición final se tomaría el lunes en una reunión de la bancada. Mientras tanto, la izquierda y el sector de los radicales disidentes de Democracia para Siempre mantienen su oposición al proyecto.
Ficha Limpia y reforma electoral
Más allá de la eliminación o suspensión de las PASO, el debate sobre Ficha Limpia genera tensiones. Sin contar sus aliados incondicionales, otros espacios que respaldan esta iniciativa reclaman al Gobierno por haber relegado su tratamiento.
El proyecto establece que un ciudadano no podrá ser candidato si tiene una condena en segunda instancia, aun cuando el fallo no haya sido ratificado por la Corte Suprema. También se prohíbe el acceso a cargos en el Poder Ejecutivo en estas condiciones.
Algunas bancadas observan con recelo el rol que asumiría el Poder Judicial, ya que un fallo dictado antes del 31 de diciembre del año previo a una elección podría determinar la validez de una candidatura. Con la situación judicial de Cristina Kirchner como trasfondo, ciertos sectores ven que el combate a la corrupción podría convertirse en una disputa política entre "vengadores" y "defensores".
