El veredicto de la Justicia: Aída Ayala, condenada por corrupción tras un largo proceso judicial
El 10 de mayo de 2024, la sala principal del Tribunal Oral Federal en Resistencia estuvo colmada de una expectante mezcla de personas: imputados, testigos, allegados y periodistas. La exintendente de Resistencia, Aída Ayala, llegó al TOF para escuchar el veredicto del juicio que se estaba llevando a cabo y que para ella no era más que una estrategia política para desacreditarla, una causa montada para proscribirla.
Ayala se dispuso a escuchar la lectura del veredicto, previamente había defendido su inocencia durante todo el proceso y continuó insistiendo en que se trataba de un "ataque judicial" orquestado en su contra. Sin embargo, el veredicto que pronto escucharía no solo la dejaría sin palabras, sino que marcaría el final de una larga y ardua batalla legal.
Cuando finalmente se pronunciaron las palabras de los jueces, la exintendente se desmayó. El impacto fue tal que los presentes en la sala pasaron de la expectación a la conmoción. La reacción de Ayala alteró el clima en el lugar; los periodistas, antes bienvenidos, se convirtieron en un foco de hostilidad, mientras que sus allegados se apresuraron a brindarle atención médica. Los jueces, visiblemente preocupados, decidieron suspender momentáneamente la audiencia, y Ayala fue asistida rápidamente. A pesar de que no pudo escuchar el resto de la sentencia, su abogada siguió atentamente la lectura del fallo.
La sentencia fue tajante: Aída Ayala fue hallada culpable de corrupción en el marco de maniobras fraudulentas relacionadas con licitaciones municipales. La Justicia determinó que, en su rol como intendenta, Ayala facilitó acuerdos ilegales entre la municipalidad y empresas vinculadas a empresarios como Daniel Alejandro Fischer, Pedro Alberto Martínez y Eulalio Alfredo Bouza. Según el fallo, las licitaciones Nº 10/2014 y Nº 20/2015 fueron manipuladas para favorecer a estas compañías, que, pese a carecer de los recursos necesarios, consiguieron contratos millonarios. Los jueces no dudaron en calificar su actuación como "funcional" a estos acuerdos irregulares.
La sentencia no solo destacó la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, sino que también evidenció el favoritismo con el que Ayala favoreció a empresas de dudosa solvencia. Las pruebas presentadas en el juicio demostraron que, en lugar de optar por alternativas más económicas y eficientes para el municipio, la exintendente eligió beneficiar a estas empresas a cambio de posibles favores o comisiones ilícitas.
Este veredicto puso fin a un proceso judicial que se extendió por más de seis años, durante los cuales Aída Ayala había sostenido su inocencia, atacando tanto el proceso como a las autoridades judiciales. Su defensa, además, intentó que se anularan partes de la causa, señalando irregularidades como supuestas relaciones personales entre una jueza y uno de los imputados. Sin embargo, la Justicia no encontró sustancia en estos argumentos y ratificó su condena por abuso de poder, corrupción y mal manejo de los recursos públicos.
El caso Ayala no solo marcó un hito en la historia judicial de la provincia, sino que también puso de manifiesto la creciente preocupación de la sociedad chaqueña por la transparencia en la gestión pública. En el fondo, más allá de la condena, se deja entrever el dolor de una región que aún lucha por erradicar la corrupción que tanto daño le ha causado.
Para Aída Ayala, la condena significa el fin de una etapa política y un capítulo judicial que la involucró profundamente. Mientras su defensa aún estudia posibles apelaciones, lo cierto es que este veredicto ya ha quedado grabado en la memoria colectiva como uno de los momentos más emblemáticos de la lucha contra la corrupción en la provincia. El 10 de mayo, finalmente, la Justicia habló.
