El Gobierno busca avanzar con la privatización de seis empresas públicas antes del 2025
Se trata de AYSA, Correo Argentino, Corredores Viales, IMPSA, Tandanor y EANA, con el objetivo de aumentar las reservas en dólares y reducir costos operativos.
Previo al 2025, el Gobierno quiere avanzar con la privatización de seis empresas públicas, con el objetivo de aumentar las reservas en dólares y reducir costos operativos.
Se trata de un listado que tiene en la mira a Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), Correo Argentino, Corredores Viales, Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA), Tandanor y Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
El encargado de ejecutar las ventas es el exinterventor de Télam, Diego Chaher, que tendrá a cargo una Unidad Ejecutora de Empresas en la órbita del Ministerio de Economía, que preside Luis Caputo. El área será creada en el decreto que preparan para la reorganización de los ministerios y la subestructura de la Jefatura de gabinete.
Durante la reorganización, habrá secretarías que cambiarán de sector, se unificarán y se eliminarán. Además se configurará el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de Federico Sturzenegger.
En cuanto a las privatizaciones y concesiones, desde el círculo íntimo de Milei sostienen que ahorrarían U$S1000 millones por año en caso de no tener que financiar la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).
Además, buscan avanzar con la venta de empresas que no lograron la sanción del Congreso, como el Correo Argentino, EANA, IMPSA y Tandanor. Se respaldan en los estatutos y en los artículos del reglamento que habilitan maniobras con la parte accionaria estatal.
El Gobierno también quiere avanzar con la privatización de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT), Intercargo, Aerolíneas Argentinas y Banco Nación, para las que prepara proyectos de ley separados para enviar al Congreso. Analizan hacer lo mismo con ARSAT.
El Ejecutivo deberá comenzar el tratamiento de las empresas públicas que fueron aprobadas en la Ley Bases en la comisión bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones. Se compone de seis senadores y seis diputados y deberá ser informada por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el estado legal y financiero de las empresas.
El proceso de privatización podrá ejecutarse por venta de activos, de acciones y establecimientos o haciendas productivas y por la administración con o sin opción a comprar por un plazo determinado, estableciéndose previamente el valor del precio de su venta. Lo mismo aplica para la concesión, licencia o permiso.
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