Río Negro y Neuquén intimaron al Ejecutivo nacional por las concesiones hidroeléctricas
La medida se da en medio de la creciente tensión entre Casa Rosada y las provincias, tras el fracaso parlamentario de la Ley Ómnibus.
En medio de la pelea pública entre el presidente Javier Milei y los gobernadores Alberto Weretilneck de Río Negro y Rolando Figueroa de Neuquén intimaron al Ejecutivo nacional por las concesiones hidroeléctricas. Se trata de una acción conjunta, "en defensa de los recursos naturales de las provincias y buscando establecer un claro precedente", según se indicaron en un comunicado.
Weretilneck basó su reclamo en la Constitución Nacional y Provincial, reafirmando el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Figueroa, por su parte, exigió que se respete la participación de la provincia en decisiones sobre las represas de la región.
Weretilneck lo hizo a través de una carta documento dirigida al ministro de Interior, Guillermo Francos, sustentada en los artículos 1°, 5°, 121 y 124 de la Constitución Nacional, que establecen el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales, así como en los artículos 70, 71 y 81 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, que refuerzan la propiedad originaria de los recursos naturales en su territorio, dejando en claro la potestad de la provincia para controlar y regular el uso de estos recursos.
Figueroa, envió carta documento al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, en la que indica que ante la falta de respuestas y de evasivas por parte del Estado Nacional, la provincia se ve forzada a intimar y exigir que se abstenga de tomar cualquier tipo de decisión o medida respecto de las represas, sin antes dar participación a la provincia.
La acción de los gobernadores, además, corresponde al inminente vencimiento de los períodos de transición de las concesiones de generación hidroeléctrica en la cuenca de los ríos Limay y Neuquén. Así, ambas administraciones exigen que el Estado Nacional, y sus dependencias, "se abstengan de otorgar cualquier tipo de concesión, prórroga o autorización relacionada con la explotación de dichos complejos hidroeléctricos, sin obtener previamente el consentimiento de las provincias".
"Las notificaciones advierten que cualquier acción unilateral por parte del Gobierno Nacional será considerada inválida y carecerá de derechos frente a la provincia. Además, se subraya la posibilidad de iniciar acciones legales contra los eventuales concesionarios o explotadores de los recursos, en caso de no respetarse las disposiciones provinciales", afirmaron en un comunicado.
Para los gobernadores, esta acción establece un importante precedente en la gestión de recursos naturales y demuestra su determinación en proteger sus intereses y ejercer su autonomía en este ámbito crucial para su desarrollo.
