El Gobierno busca acelerar los pases a planta por medio de la Legislatura y la Justicia
La regularización de los pases a planta iniciados por el Ejecutivo está siendo objeto de discusión tanto en el Poder Judicial como en el Poder Ejecutivo de la provincia. La situación refleja un debate en curso sobre la regularización laboral en la Administración Pública.
En la tarde de este lunes, el Ministro de Planificación, Economía e Infraestructura del Chaco, Santiago Pérez Pons junto al abogado, Sergio Paulo Pereyra realizaron una presentación en donde se solicitó al Superior Tribunal de Justicia la declaración de nulidad de dos medidas cautelares emitidas por Orlando Beiranavicius, juez Civil y Comercial N.º 17 de Resistencia.
Esta solicitud se presentó en concordancia con el sindicato UPCP, y el objetivo es suspender los efectos de las medidas cautelares a través de una acción de amparo y una medida cautelar excepcional. El Gobierno argumenta que los decretos en cuestión son el resultado de una orden legal y no actos discrecionales. Por lo tanto, consideran que el juez Beiranavicius "ha omitido la normativa vigente y aplicable", lo que califican como un asunto de "gravedad institucional".
Además, se destaca que este miércoles será una jornada decisiva en la Cámara de Diputados, ya que la Comisión de Hacienda emitió este lunes un dictamen favorable para ratificar los decretos del Poder Ejecutivo que establecen el marco para el plan de regularización laboral en la Administración Pública. Este proyecto de Ley se basa en el Convenio Colectivo de Trabajo firmado en marzo de este año y busca regularizar la situación de empleados contratados de servicios en el ámbito estatal que han buscado reconocimiento de su estabilidad laboral y condiciones adecuadas a través de acciones judiciales de amparo. Se cuestiona la decisión del juez Beiranavicius, argumentando que sus medidas cautelares "causan un perjuicio irreparable a quienes ven peligrar su situación actual".
En los círculos judiciales, se rumorea que, si la Legislatura aprueba esta ley, podría subsanarse un error en la acción de inconstitucionalidad presentada por el Fiscal de Estado de Chaco, Roberto Alejandro Herlein, relacionada con el Decreto 2656/23. El mismo, establece un Concurso de Antecedentes para el Personal Transitorio y Contratos de Locación de Servicios. Herlein cuestionó que el concurso se base en antecedentes en lugar de oposición, como lo establece la normativa vigente que regula el ingreso de personal al servicio público.
