Preocupación en el Ministerio Público de la Defensa tras el veto de la ley para la creación de 44 cargos
Se trata de la Ley 3884-A por la que se promovía la creación de 44 cargos en el Ministerio Público de la Defensa del Poder Judicial. Según establece esta ley, dichos cargos se iban a implementar en forma paulatina: quince en 2024, otros quince al año siguiente y catorce en 2026.
En este contexto, el pasado 11 de septiembre ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia el veto total de dicha ley por parte del Ejecutivo provincial, con la firma del gobernador Jorge Capitanich.
El argumento fue que estos cargos a cubrirse (secretarios y prosecretarios) "no se encuentran presupuestariamente contemplados en la actual Ley de presupuesto vigente para el corriente 2023", pese a que estaba contemplado que estos recién se realicen en 2024.
En el veto, el Ejecutivo propuso que la ley sea contemplada cuando próximamente los legisladores comiencen a debatir el Presupuesto 2024.
En medio de la confusión y la preocupación por el veto y su fundamento, la Defensora general, Alicia Beatriz Alcalá, dialogó con Diario TAG: "Esta creación iba a ser paulatina a partir del año 2024, 2025 y 2026, siempre atendiendo a las necesidades presupuestarias de la provincia", indicó.
En el veto, el Ejecutivo adjunto la Ley en cuestión, donde se evidencia el "error": en el artículo 1 refiere a que los cargos se crearán desde el 1 de enero de 2023, algo que en la sesión en la que se aprobó -el 23 de agosto- habría sido subsanado en un cuarto intermedio.
"Nos sorprendió realmente el veto que ingresó el 11 de septiembre a las 22 horas, en el que el gobernador dice que no hay presupuesto para el año en curso, pero en ningún momento se habló del año 2023 que ya estamos terminando", dijo Alcalá en ese sentido.
"Esto es una desilusión terrible para todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa", expresó su preocupación. Y sostuvo: "Nosotros somos los únicos en toda la Argentina que no tenemos secretarios ni ningún tipo de cargos. Los defensores y asesores de niños, niñas y adolescentes trabajan solos con su equipo, con personal pero que no tienen el cargo de secretario o de prosecretario".
En ese sentido, consideró que dicha situación "obstaculiza las tareas diarias porque en general los funcionarios y funcionarias están en audiencia y la gente tiene que esperar a que ellos lleguen para que los atiendan personalmente, para que firmen actas u otros instrumentos".
Para Alcalá, esto afecta a la comunidad porque "es un obstáculo que se sigue poniendo al acceso a Justicia".
"Pedimos secretarios para trabajar mejor y trabajar mejor para los sectores más vulnerables que son los que nosotros atendemos, porque a la Defensa Pública va la gente con menos recursos económicas", continuó la Defensora general en ese sentido.
Y sostuvo: "A veces no se entiende que desde el Gobierno haya un mensaje de prioridad o de privilegio para las personas en situación socioeconómica de vulnerabilidad y ahora que tenían la posibilidad de hacer efectivo esto, nos vetan la ley. Estamos muy desconcertados y preocupados".
En tanto, concluyó que en los 70 años que cumple este año el Poder Judicial "jamás se nos reconoció ese derecho, un derecho que también tenemos con la adjudicatura o las fiscalías. Habíamos entendido que esta Ley era un reconocimiento para nosotros y una cuestión de equidad dentro del Poder Judicial".
