La Justicia procesó a Omar y Enzo Judis y al intendente de Taco Pozo por lavado de dinero
Además, también los procesaron por asociación ilícita con el fin de blanquear dinero obtenido de forma ilegal.
El Juzgador Federal de Sáenz Peña dictó el procesamiento por asociación ilícita y lavado de activos agravado para el intendente de Taco Pozo, Carlos Ibáñez, Omar Judis y su hijo Enzo. Además, se dictaron también 100 millones de pesos de embargo para cada uno de ellos.
La investigación, llevada adelante por el fiscal general Federico Carniel, se desprende de la causa por corrupción en el manejo de la Universidad del Chaco Austral (UNCAus) que concluyó con las condenas de Judis, su hijo y otras condicionales para los demás integrantes de la exconducción de la institución.
La Justicia los encontró autores penalmente responsables "prima facie" del delito previsto en el art. 303 inc. 1 con los agravantes del inc. 2 a y b del Código Penal y por el delito previsto en el art. 210 C.P. en calidad de miembros ambos en concurso real.
En la investigación, se reveló que Omar Judis habría ideado una organización para "distraer dinero del erario público y luego incorporarlo al sistema legal y/o su patrimonio". El informe explica que la mayor cantidad de dinero habría sido blanqueado entre el 2014 y el 2015.
La resolución resalta que el ex rector "se valió de una serie de personas que cumplieron diversos roles que permitieron blanquear el dinero obtenido ilícitamente, a través de la compra de flotas de vehículos, inmuebles y el cobro de cheques procedentes de la Fundación UNCAus".
La Justicia entiende que 12 personas funcionaban como testaferros del exministro de Infraestructura del Chaco, quien autorizaba junto a su pareja Pobi a utilizar vehículos registrdos a nombre de Ibáñez, Varela y de empresas como la constructora Tridelta SA, beneficiada con licitaciones para obras en la UNCAus.
OTROS PROCESADOS
Los empresarios Alejandro Ibáñez, hijo del intendente de Taco Pozo; Jorge Varela, Nelson Varela, Marcela Pobi y la contadora Andrea Almirón, fueron señalados como miembros de la asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
La resolución procesa también como partícipes secundarios a Pedro Jiménez, Romina Klepacek, Malena Martínez, Vanesa Rodríguez y Karina Nichiporuk.
