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Narcopolicías: los agentes vinculados al narcotráfico en Chaco a lo largo del año
Este año en Chaco se conocieron varios allanamientos, secuestros y detenciones por narcomenudeo, demostrando lo insertada en la sociedad que están la cocaína o marihuana. Tal es así, que también se encuentra en la institución que debe combatirla, la Policía del Chaco.
A lo largo del 2022 hubo casos de agentes policiales involucrados en el narcotráfico, los conocidos como "narcopolicías". En esta edición de fin de año de Diario TAG repasamos los casos más significativos.
Suboficial Cristian Roda con 1,5 kilos de cocaína
El 28 de mayo la Dirección General de Consumos Problemáticos detuvo a Cristian Roda suboficial de la Policía cerca de las 8 de la mañana en la Ruta Nacional N°16 kilómetro 75,5 a bordo de una Chevrolet S-10 con 1,5 kilos de cocaína de máxima pureza en una bolsa.
De este hecho se derivaron allanamientos en Resistencia, Fontana y La Verde, donde se secuestraron tres autos, que se sumaron a 3.200 pesos, tres teléfonos y documentación retenidos el día de la detención.
"La Sección Drogas de Villa Ángela tenía la sospecha de que en esa zona una persona comercializaba estupefacientes. A partir de allí realizaron el control sobre la Ruta", explicó el Juez Miguel Aranda quien tiene la causa.
El Órgano de Control Institucional (OCI), dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, con carácter de Sumario, separó de funciones al empleado con retención de haberes.
Detención del cabo primero N.A.S
El 11 de julio, cerca de las 18, la Policía detuvo al cabo primero N.A.S de 34 años que trabajaba en el Servicio Penitenciario tras un allanamiento en su casa de Resistencia ubicada en Ingeniero Schulz 1700.
En ese operativo encontraron 260 gramos de cocaína, una balanza de precisión, elementos para separar la droga, un celular, una moto, $185.430, 100 dólares y el arma reglamentaria. Una vez finalizado, el cabo terminó preso.
Una banda que tendría como líder a un ayudante de fiscal
El 5 de octubre se realizaron allanamientos en simultáneo en Sáenz Peña, en las casas de dos subcomisarios y un oficial principal de la División Drogas de esa localidad, Castelli, Fuerte Esperanza y Tres Isletas, en el domicilio de un ayudante fiscal Antidrogas, en el marco de una investigación por asociación ilícita e infracción a la ley de estupefacientes.
En este contexto, detuvieron al ayudante fiscal del fuero narcomenudeo que depende de la fiscal María Eugenia Arechavala, Ariel Adrián Peña, quien sería el jefe de una organización, junto a varios agentes.
"Se secuestraron dispositivos electrónicos, armas sin numeración, documentos y, en alguna dependencia policial, material de estupefaciente en forma irregular como también en la oficina del agente fiscal material", comentó en la fecha la jueza federal Nº1 Zunilda Niremperger.
En ese sentido, agregó: "En una comisaría se secuestró trozos de droga en lugares que no podrían estar, mientras que en la fiscalía había cantidades en sobres cerrados".
Otro de los detenidos fue Cristian Roberto Obregón subcomisario y jefe de la División Droga de Fuerte Esperanza, zona del Impenetrable Chaqueño.
Operativo en Barranqueras deriva en la detención de un sargento
El 22 de septiembre se realizó un allanamiento en la Comisaría Segunda de Resistencia donde detuvieron al sargento Gerardo Ramos por un supuesto vinculo en un hecho delictivo, que según explicó el Procurador General, Jorge Canteros, a Diario TAG habría sido encubrimiento.
Ramos habría estado vinculado en un allanamiento en Barranquera por un robo que concluyó con el secuestro de más de 44 kilos de cocaína escondidas en un cielorraso donde detuvieron a Néstor Sebastián "Tuli" Fernández Carrizo el 16 de agosto, según confirmó este medio con fuentes judiciales.
El sargento quedó detenido en la Comisaría Primera de Fontana y quedó suspendido en sus funciones con retención de haberes.
El abogado de Ramos, Juan Martín Varas, pidió la nulidad del acto procesal el 12 de octubre debido a que consideran que el mismo se dio bajo la utilización de una "prueba nula", haciendo referencia al secuestro del teléfono de Carrizo en el que se había podido encontrar los mensajes que establecían la conexión entre ambos.
Según declararon en ese momento surgieron "dos actas de procedimiento contradictorios, en los cuales se advierte que el teléfono celular secuestrado ha sido remitido conforme cargo de MUIT con 6 días de diferencia, donde resulta imposible saber qué se realizó con el teléfono".
El viernes 11 de noviembre la fiscal Lilian Beatriz Irala ordenó la libertad del sargento luego de que la jueza Mercedes Noemí Riera hiciera lugar a un recurso de apelación presentado por la defensa de Carrizo, y declarara la nulidad del acta de secuestro del teléfono celular del mismo, por lo cual se anuló la prueba clave que sostenía la detención de Ramos.
La fiscal Irala pidió al sargento que fije domicilio, permanezca a disposición del órgano judicial, se abstenga de obstaculizar la investigación y el accionar judicial, no ausentarse de la provincia y presentarse ante este Equipo Fiscal todos los lunes de cada mes.
¿Una asociación ilícita dirigida por un juez federal?
El 18 de octubre los fiscales federales Diego Iglesia, Federico Carniel, Patricio Sabadini y Carlos Amad pidieron la detención del juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda, al cual acusaron de encubrir y brindar protección al Clan Sosa, la familia prófuga de la Justicia.
La orden de detención también fue expedida para el comandante Cristian Daniel Marangón, quien falleció ese mismo martes luego de que se haga público. El gendarme, junto a otro más, serían parte de una asociación ilícita encabezada por Aranda.
Rápidamente la Cámara Federal de Apelaciones dejó sin efecto la designación del conjuez y designó a Ricardo Mianovich como subrogante hasta abril de 2023. Cumplido el plazo se evaluará su continuidad o la designación de un nuevo subrogante.
Ese martes no terminó allí para Aranda, ya que fue internado de urgencia en el Sanatorio Güemes por una "hipertensión arterial con afección coronaria".
El lunes 24 de octubre prestó declaración acompañado de la exfiscal antidrogas Gabriela Tomjenovic, quien es su abogada defensora. Aranda entregó su pasaporte, por lo cual quedó en libertad, pero no puede salir de Resistencia.
Ya en las puertas de fin de año, el 22 de diciembre, el Ministerio Publico Fiscal pidió el procesamiento del exjuez Miguel Aranda y los otros cinco implicados en la causa que investiga la asociación ilícita.
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