Gerardo Cipolini sobre la marcha contra la Corte Suprema: "Es un atropello a la república"
Por Gerardo Cipolini (*)
Ante la convocatoria efectuada a la marcha contra la Corte Suprema, por parte del gobierno nacional, sindicatos y gremios afines al Kirchnerismo, no podemos permanecer callados, no debemos guardar silencio, toda vez que ellos implica un atropello al respeto por la institucionalidad, la República, los valores democráticos y la división de poderes.
Nos encontramos ante un ataque sistemático contra el Poder Judicial por parte del ejecutivo y sus aliados. Es por ello que nos llama poderosamente la atención que algunas instituciones miren para otro lado, ante el atropello institucional que significa esta Marcha organizada y pergeniada por militantes de una bandería política, de un poder del estado contra otro, para el próximo 1° de febrero en la Plaza Lavalle. Lo más llamativo es que muchos de los que convocan son procesados, multiprocesados, y hasta condenados con sentencia firme, y con prisión preventiva.
En un estado de derecho ajustado a las reglas y al respeto por las leyes no debería ocurrir estas cosas, seamos de una vez por todas el ejemplo de lo que hay que hacer y no de lo que no hay que hacer, seamos la regla y no siempre la excepción, en fin, de una vez por todas, seamos serios.
Esto no es más que un artilugio para sembrar dudas en la población acerca de si los jueces son independientes o no, cuando lo que resulta institucionalmente correcto es que se ejerciten los mecanismos constitucionales para juzgar -en su caso- la conducta de estos jueces que se invocan como inidóneos para el ejercicio de la magistratura", de lo cual en otro momento me expresaré al respecto, a raíz de una sentencia dictada recientemente por la corte, en contra de la reforma en su composición que había realizado Cristina Kirchner en 2006, exhortando al congreso a Sancionar un nuevo marco regulatorio para devolverle al Consejo de la Magistratura el equilibrio y representación a todos los sectores, que lo había perdido con la reforma inconstitucional impulsada oportunamente por la actual vicepresidente de la república.
La conducta que pretende ponerse en ejecución mediante esta convocatoria a reunirse para obtener la dimisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se encuentra en pugna con expresas normas legales y, aunque no se configure en definitiva el resultado deseado por quienes lo están pergeñando, la sola atribución de los derechos del pueblo, genera un impacto en la sociedad que repudia este tipo de maniobras tendenciosas y golpistas.
Es fundamental que se comprenda que el bien jurídicamente protegido por el delito de sedición es "el orden jurídico normativo en sí mismo y los órganos creados como ejecutores de sus preceptos y guardianes de su cumplimiento", cosa que con esta marcha se pretende desconocer hasta los valores y principios de nuestra Constitución Nacional.
Estamos ante una situación de inusitada gravedad institucional, por lo cual advierto a los argentinos e invoco para que estemos alertas, con el fin de sostener las instituciones republicanas. No estoy en contra del derecho a reclamar, pero entendido como un derecho del pueblo, del ciudadano de a pie, y no de los poderes del estado, lo cual demuestra el alto grado de irresponsabilidad.
No debe el Ejecutivo nacional promover ni avalar dicha marcha, y debe respetar la institucionalidad democrática de los argentinos. Queda demostrado que este tipo de acciones genera aún más la pérdida de confianza no solo de los propios argentinos, sino también de todo el mundo, pareciéndonos cada día más a la vapuleada Venezuela. Estamos en el país del revés, es hora de caminar por el sendero correcto y ser serios.
Es por ello que apelo desde mi lugar al respeto de nuestra Carta Magna (Constitución Nacional) y con ello la división de poderes en democracia custodiando la institucionalidad de nuestra Argentina.
* Diputado de la Nación por la UCR Chaco
