Se cumplió un año del acuerdo de "entrega de armas" entre la Guardia Whasek y el Gobierno
Luego de diversos incidentes con la policía, el intento de toma del municipio de El Sauzalito y otros episodios violentos, en el mes de mayo el año 2020, líderes de la Guardia Whasek, se reunieron con el gobernador Jorge Milton Capitanich, la secretaria de Derechos Humanos y Géneros Silvana Pérez y la ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar.
Allí, el poder Ejecutivo, el poder Judicial y los líderes indígenas acordaron una serie de puntos vinculados a la entrega de armas y uniformes militares de la guardia. A su vez, el Gobierno provincial asumió un fuerte compromiso en la presencia estatal en esa zona del Norte chaqueño. A partir de allí comenzaron las tratativas para cumplir los puntos pactados en la reunión.
En este mes de mayo, se cumplió un año desde que el Gobierno de la Provincia del Chaco refrendó un acuerdo con los integrantes de la Guardia Whasek que puso fin a un conflicto de larga data en la zona de El Impenetrable.
La audiencia multipropósito fue convocada por el Juzgado de Presidencia Roque Sáenz Peña, el Ejecutivo provincial y representantes de la Guardia comunitaria Whasek para refrendar un acuerdo que establecía que el Gobierno provincial desistía de todo interés en la persecución penal de la guardia, mientras que ésta se comprometía a reconvertirse en una guardia ambiental con asistencia del Estado.
"Esto pone fin a un conflicto de larga data y abre un camino para la profundización del diálogo y para construir un sistema de consensos respecto a la paz social que es necesario garantizar", había manifestado el gobernador Capitanich.
A pesar de este acuerdo, en noviembre de 2020, se registró un conflicto entre integrantes de la Guardia Whasek y un chofer del camión de Administración Provincial del Agua -APA-, al que retuvieron por varias horas y luego liberaron.
Después de un año
Al ser consultado al respecto, el fiscal Federal de Sáenz Peña, Carlos Amad, dijo que "eso quedó todo en la nada", recordando que en su momento se había opuesto a ese acuerdo presentando una apelación tanto en Cámara como en Casación, pero ambas instancias confirmaron la validez del acuerdo.
La apelación apuntaba a la decisión del Juzgado Federal de Sáenz Peña de aplazar por doce meses el avance de la investigación de los presuntos delitos cometidos por miembros de la Guardia Whasek, en la medida en que se cumpla el acuerdo con el gobierno chaqueño que, a su vez, se comprometió a una serie de medidas reparatorias de las demandas históricas del pueblo wichí.
Para el fiscal Carlos Amad, dicho acuerdo sólo fueron "palabras y actos grandilocuentes que no llegaron a nada".
