En la provincia se discute un proyecto para pagar a presos que trabajen y despertó fuertes polémicas

Un día después del inicio de las Sesiones Ordinarias encabezadas por el gobernador de la provincia Jorge Capitanich, el Ejecutivo presentó un proyecto de Ley que reglamenta la actividad rentada de personas condenadas privadas de su libertad "para mejorar su reinserción en la sociedad". En la sesión de este miércoles se trató, no se lograron los consensos necesarios por lo que volvió a la Comisión de Legislación General y expuso otra fuerte división entre el oficialismo y la oposición.

El proyecto señala que todo acusado privado de su libertad que realice alguna actividad deberá recibir retribución como contraprestación de su servicio. Argumenta ello en que el trabajo es un deber y no un derecho por lo que el mismo "será utilizado como medio de tratamiento reeducativo y no como castigo adicional".

El presidente de la UCR chaqueña y actual diputado provincial, Livio Gutiérrez, aprovechó su intervención para cuestionar fuertemente el proyecto que según manifestó busca poner "en la misma posición económica" a detenidos y docentes. Según el Artículo 12 del proyecto, la remuneración que percibirá el recluso será en proporción al salario mínimo, vital y móvil y no podrá ser inferior al tercio de este.

Sin embargo, Gutiérrez mencionó que un fallo de la Cámara Nacional de Casación Penal indica que ese sueldo no puede ser menor al sueldo mínimo, vital y móvil. "Estamos poniendo en Chaco a quienes violaron, a quienes mataron, a quienes asesinaron, en la misma posición económica que un docente, porque ese sueldo es el que tiene hoy un docente", consideró.

Distribución de la remuneración

El artículo 14 del proyecto, marca que hasta el 10% del salario que perciba la persona privada de su libertad podrá utilizarla para gastos personales, otro 10% para indemnizar los daños y perjuicios causados por su delito y hasta un 30% para asistir a su familia si el recluso lo considera necesario.

Todas las actividades laborales que se realicen en las penitenciarías de la provincia deberán respaldarse en la actual legislación de trabajo en cada uno de los puntos pertinentes. También se aclara que su desempeño no lo exime de cumplir prestaciones personales dentro del establecimiento.

Los saldos líquidos deberán ser depositados en cuentas de ahorro en un organismo oficial o invertidos previa autorización carcelaria, en la adquisición de bienes. Las cuentas y los bienes estarán a nombre del recluso y no podrán ser cedidos.

Más cuestionamiento

El legislador radical mencionó que la comida de los establecimientos penitenciarios "la pagamos nosotros" y por eso "no necesitan ese sueldo dentro de la cárcel hoy por hoy". Dicho esto volvió a la comparación con docentes y policías. "Cada uno de los empleados públicos de la provincia van a pérdida con esta ley, van a pérdida porque un docente tiene que comprarse ropa para ir a trabajar, tiene que comprar comida para vivir, tiene que pagar internet y acá todo eso ya está pagado a quienes cumplen prisión en la provincia", sentenció.

Por último, reconoció que es "necesario reincorporar a cada ciudadano al entramado social", pero remunerar sus actividades cuando "ya están asegurados sus derechos alimentarios" también significa "descuidar a quienes son honestos y no les alcanza para vivir como docentes, médicos y policías".