Livio Gutiérrez: "La disputa entre el Gobierno y el Poder Judicial es estéril"
La disputa entre el gobierno y el poder judicial en este marco es estéril. Los caminos para salir de la crisis por el COVID 19 están poniendo al Gobierno del Chaco ante el dilema de optar entre el autoritarismo o un gobierno abierto basado en la colaboración. Entiendo que, no debemos dejar de apostar a una gestión simple, inteligente, humana, práctica, recta y transparente.
No se trata de tener todas las respuestas, los tiempos de esos liderazgos han terminado, los tiempos de atacar las instituciones y poderes del sistema democrático o sus líderes y referentes políticos deben cesar; es hora de ver los problemas a la cara y ver de qué manera resolverlos dando a la ciudadanía una propuesta confiable, salvo que el camino que se quiera elegir sea la primer opción.
El gobernador debe mantenerse siempre como la referencia, para sus equipos de trabajo, porque siempre hay los que prefieren el maquillaje a la verdad desnuda y sus ministros y secretarios y sub-secretarios no son la excepción; a esta altura ya deberían saber que no tienen más remedio que reinventarse y dejar de buscar en el cajón, herramientas de una política que atrasa, que no aporta, que no soluciona ninguno de los problemas de la gente e incluso no se condice con las declaraciones del propio gobernador de la provincia. ¿Había necesidad de acudir al Poder Judicial para presentar un amparo y medida cautelar que prohibiera el aglomeramiento de gente?
Hace 200 días no hizo falta el Poder Judicial para vallar el microcentro, para hacer sonar la alarma sanitaria, para darnos permisos de circulación y mandarnos mensajes a nuestros celulares advirtiéndonos que estaba prohibido circular. ¿Por qué antes no fue necesario y ahora lo presentan como indispensable? Cuando hablamos de "responsabilidad de la Justicia" no podemos detenernos en la abstracción porque es un mensaje que sólo busca el desprestigio y que no se detiene en la institución sino que avanza sobre cientos de empleados/as de funcionarios/as de magistrados/as que también corren riesgo de contagio, que también tienen familias y personas de riesgo cerca y que, como todos nosotros, también para cuidar su trabajo se están arriesgando al contagio. No podemos ser activistas y dogmáticos en todos los terrenos, la clase política para abordar los problemas lo último que debe perder es la imaginación porque con ella pierde la empatía con el pueblo.
La factura final de lo que cueste derrotar al coronavirus va ser fenomenal y por más debate racional sobre las respectivas responsabilidades que demos, en algún momento va a haber que pagar las deudas. Espero que, en el detalle, no estén las libertades individuales, el debido proceso legal, el derecho a reunirse o manifestarse o los derechos de acceso a la justicia y peticionar ante las autoridades, sería un gran error que nuestra Constitución y los derechos y garantías allí reconocidos ingresen en esa factura.
